Artículo por Andrés Felipe Pinto Arias, ingeniero ambiental y sanitario, líder de la ONG Manigua Viva
Desde hace más de una década, organizaciones ambientales, científicos y comunidades afectadas han advertido sobre los impactos ambientales, ecológicos y en salud pública asociados al fracturamiento hidráulico, conocido como fracking. Las denuncias provenientes de territorios donde esta técnica ya ha sido implementada han alimentado un amplio debate internacional sobre sus riesgos y su viabilidad como modelo de explotación de hidrocarburos.
Este artículo aborda el tema desde una perspectiva académica y científica, con el propósito de analizar por qué presentar el fracking como una alternativa sostenible y responsable responde, en gran medida, a una postura económica e ideológica más que a un consenso científico. La discusión adquiere especial relevancia en el contexto político de Colombia y de otros países de la región, donde distintos gobiernos han planteado la posibilidad de impulsar esta técnica.
Toda actividad humana genera impactos ambientales
Las actividades humanas pueden afectar el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad e incluso las dinámicas sociales. Dichos impactos pueden caracterizarse, medirse y evaluarse mediante herramientas técnicas y científicas, y pueden ser tanto positivos como negativos.
En el caso del fracking, la evidencia científica disponible señala múltiples efectos adversos que involucran prácticamente todos los componentes ambientales.
El agua: el recurso más comprometido
El fracking consiste en la inyección de grandes volúmenes de agua a alta presión para fracturar formaciones rocosas profundas y liberar hidrocarburos y gas natural atrapados en el subsuelo.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), cada pozo puede requerir entre 9 y 50 millones de litros de agua durante un proceso de fracturación que suele extenderse entre tres y cinco días continuos.
Sin embargo, el agua utilizada no es agua limpia. Se mezcla con arena y numerosos aditivos químicos diseñados para facilitar la fracturación de la roca. Aunque la industria petrolera suele reportar el uso de entre tres y doce tipos de aditivos por pozo, diferentes análisis de aguas residuales han identificado más de 250 compuestos químicos distintos.
Entre ellos se encuentran:
- Reductores de fricción.
- Biocidas.
- Inhibidores de corrosión.
- Estabilizadores de arcilla.
- Ácidos.
- Tensioactivos.
Diversas investigaciones también han identificado sustancias altamente peligrosas como benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (conocidos como compuestos BTEX), asociados con daños al sistema nervioso, hígado, riñones y con distintos tipos de cáncer.
Asimismo, se han detectado elementos radiactivos como radio-226, radio-228 y radón, además de formaldehído y metales pesados como plomo, arsénico, mercurio y cadmio, sustancias relacionadas con efectos neurotóxicos y carcinogénicos. Investigaciones como la de Elliott et al. (2017), publicada en Science of the Total Environment, han analizado la relación entre el desarrollo de hidrocarburos no convencionales y el riesgo de leucemia infantil.
El desafío de tratar las aguas residuales
Una vez finaliza el proceso de fracturación, el agua retorna a la superficie mezclada con hidrocarburos, sales, minerales, gases y los compuestos químicos utilizados durante la operación.
El tratamiento de estas aguas mediante Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTARI) representa uno de los mayores costos operativos del proceso debido a su elevada carga contaminante.
Por esta razón, gran parte de la industria opta por reutilizar parte del agua en nuevos procesos de fracturación. Sin embargo, esta práctica incrementa progresivamente la concentración de contaminantes y genera subproductos como lodos altamente tóxicos cuya disposición final continúa siendo un desafío ambiental.
En muchos casos, estos residuos son almacenados en pozos o tanques de confinamiento profundo. Aunque estas estructuras están diseñadas para minimizar riesgos, organizaciones ambientales y diversos estudios han advertido sobre la posibilidad de filtraciones o fallas estructurales que podrían afectar acuíferos y suelos, especialmente en zonas con actividad sísmica.
Adicionalmente, si las fracturas alcanzan formaciones que contienen aguas subterráneas, existe el riesgo de migración de hidrocarburos y gases, entre ellos el metano, hacia fuentes hídricas utilizadas para abastecimiento humano.
Uno de los casos más conocidos ocurrió en Estados Unidos, donde varios residentes documentaron agua potable que podía inflamarse debido a la presencia de metano disuelto, imágenes que dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en uno de los símbolos más representativos del debate sobre el fracking.
El suelo y la sismicidad inducida
La extracción de hidrocarburos modifica las condiciones geológicas del subsuelo. Si bien el fracking en sí mismo produce microsismos de baja magnitud, la reinyección de aguas residuales en pozos profundos ha sido asociada por numerosos estudios con un incremento en la actividad sísmica.
Uno de los casos más documentados ocurrió en Oklahoma, Estados Unidos, donde en 2016 se registró un terremoto de magnitud 5,8 cerca de Pawnee, relacionado por diversos estudios con la inyección masiva de aguas residuales.
Situaciones similares se registraron en los condados de Harper y Sumner, en Kansas, donde a partir de 2013 aumentó significativamente la frecuencia de sismos tras la expansión de la perforación horizontal y la disposición subterránea de aguas residuales. En 2014 se registró un evento de magnitud 4,9 cerca de Conway Springs.
Investigaciones como la de Yoon et al. (2017) han señalado que los pequeños sismos registrados en zonas de fracking podrían actuar como indicadores tempranos de eventos sísmicos de mayor magnitud. Además de representar un riesgo geológico, estos movimientos pueden generar daños en viviendas e infraestructura de comunidades cercanas.
Contaminación del aire y cambio climático
El fracking también tiene impactos importantes sobre la calidad del aire.
Uno de los principales contaminantes es el metano, liberado durante fugas en válvulas, tuberías, compresores y operaciones de venteo. Este gas posee un potencial de calentamiento global significativamente superior al del dióxido de carbono en horizontes temporales de corto plazo.
A ello se suman las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), como el benceno y el tolueno; óxidos de nitrógeno y azufre; material particulado PM10 y PM2,5 producido por la maquinaria pesada; y, en algunos yacimientos, sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico.
El investigador Robert W. Howarth (2011), de la Universidad de Cornell, ha señalado que las emisiones de metano asociadas al gas de lutitas pueden reducir considerablemente las ventajas climáticas que tradicionalmente se atribuyen al gas natural frente a otros combustibles fósiles.
Un debate que trasciende lo ambiental
Los impactos del fracking no se limitan al agua, el suelo o el aire. Sus efectos potenciales alcanzan la biodiversidad, los ecosistemas, la salud humana, la economía de las comunidades locales y la gestión de los recursos naturales.
No es casualidad que algunos países hayan decidido prohibir esta técnica. Francia, por ejemplo, prohibió la fracturación hidráulica mediante la denominada Ley Jacob, aprobada el 30 de junio de 2011 y promulgada oficialmente el 13 de julio del mismo año, argumentando la aplicación del principio de precaución frente a los riesgos ambientales.
En ese contexto, el debate que hoy enfrenta Colombia adquiere una importancia estratégica. Si existe evidencia acumulada sobre los impactos ambientales, los pasivos ecológicos y los riesgos para la salud pública registrados en otros países, la pregunta que surge es inevitable: ¿debe uno de los países más biodiversos del planeta asumir esos riesgos para expandir la explotación de hidrocarburos no convencionales?